VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: EL
DANO PSICOLÓGICO SUFRIDO SE PRUEBA A TRAVÉS DEL
PERITAJE PSICOLÓGICO
El pasado 20 abril, se conocieron las más recientes
estadísticas sobre violencia intrafamiliar en Colombia, en el marco de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19. En Bogotá, se registraron
aproximadamente 9.000 llamadas a las líneas “púrpura” de la Secretaría de la
mujer, durante la cuarentena obligatoria. En Cundinamarca, Antioquia y
Santander, se recibieron 122 llamadas, un aumento significativo, pues antes se
recibían 53.
Si bien estos datos corresponden al número de
llamadas y no de denuncias, se estima que estas últimas puedan ser igualmente
significativas, dato que se precisará cuando las fiscalías y comisarías puedan
normalizar sus actividades, las cuales han estado alteradas y casi paralizadas,
por la misma emergencia sanitaria ya anotada.
Ya en el plano psicológico, parece fácil inferir
que el aumento de las llamadas, está directamente ocasionado por el
confinamiento. Que las familias, al permanecer tanto tiempo juntas, empiezan a
experimentar situaciones tensionantes que terminan desencadenado los
conflictos. Tales situaciones van desde hábitos tan simples, como que los niños
empiezan a dormirse tarde, a no prestar atención a su profesora virtual, no
colaboran con los quehaceres domésticos, hasta la escasez de dinero por parte
de los padres, quienes no están laborando de manera normal y, se dejan invadir
por la incertidumbre y zozobra que produce el no saber qué pasara con su
empleos (o negocios), salarios y obligaciones crediticias.
Esas denuncias, dan inicio a procesos judiciales
ante las comisarías de familia y fiscalía. En las primeras, el proceso es
administrativo, donde la presunta víctima puede solicitar una medida de
protección que terminará en una sanción para el acusado, que va desde una
amonestación, hasta el desalojo de la vivienda familiar, entre otras. En
fiscalía, las sanciones son penales, por ende más graves para el acusado, pues
podría terminar privado de la libertad.
En cualquiera de los dos tipos de procesos, la
víctima necesita probar que sí ha sido violentada física, verbal, psicológica o
sexualmente, pues así lo demanda el sistema judicial, no sólo para castigar al
señalado de las agresiones sino, para que la víctima pueda recibir una compensación
justa, que va desde el acceso a hogares de paso, tratamiento psicológico, hasta
indemnizaciones con las que pueda cubrir el costo de estos tratamientos y,
otros danos, como no haber podido laborar, por ejemplo
.
En todo caso, una de las maneras de probar tales
situaciones, es a través del peritaje psicológico privado (el público es
prácticamente inexistente), donde se realizan entrevistas forenses a la
víctima, aplicación de instrumentos psicológicos, análisis de documentación
(historia clínicas y demás documentos de soporte), entrevistas colaterales,
entre otros métodos de evaluación, con el cual se puede identificar y precisar
del daño psicológico ocasionado, e incluso la lesión psicológica infligida.
Este trabajo forense, puede ser aportado al proceso por la víctima (o por su
abogado), para que obre dentro del mismo, siempre y cuando se haga dentro de
los términos (tiempos) judiciales previstos para ello. Valga mencionar, que sin
este tipo de pruebas, el proceso se centraría en otros elementos de prueba,
como lo son los testimonios, con los cuales será más difícil, demorado e
insuficiente, probar lo alegado por la víctima.
Alexandra
Rodriguez, Psicóloga forense. E-mail: alexandrarodriguezpsicologa@gmail.com
